El Salvador

 

Las Comunidades indígenas, campesinas y urbanas, de todo el territorio nacional:

 ASUMIENDO:

I. Que somos mujeres y hombres con dignidad, sujetos y sujetas de derechos humanos integrales: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

II. Que es obligación del Estado, garantizar a la población, sin distinción alguna, el goce de una vida digna.

III. Que es obligación del Estado organizarse para la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común.

IV. Que es nuestra responsabilidad, trascender del trabajo aislado y descoordinado, haciéndose  impostergable el trabajo articulado entre todas las comunidades, organizaciones y movimientos sociales del país.

 

CONSIDERANDO:

1. Que el modelo neoliberal y la vigencia de los tratados  de libre comercio, han sobre puesto los criterios mercantilistas y los intereses de las empresas, a los derechos de los pueblos.

2. Que la vigencia de los tratados de libre comercio, se han sobrepuesto a la Constitución y a los Tratados de Derechos Humanos; como consecuencia, la institucionalidad del Estado funciona al servicio del poder económico y político.

3. Que el sistema de justicia está plegado a intereses ajenos al mandato constitucional, al aplicar leyes sin buscar justicia.

4. Que privilegiando intereses mercantiles de una minoría nacional y transnacional, se tiene amenazadas a comunidades con el desalojo de la tierra que por generaciones han tenido en propiedad o posesión. Ahora se les desaloja por turismo, por ferrocarril, puertos, minas, longitudinal del norte, represas hidroeléctricas, geotérmicas, termoeléctricas, urbanizaciones, centros comerciales, negociaciones fraudulentas o por la resolución de procesos judiciales donde se les ha negado la justicia a las comunidades.

Todo el territorio nacional está invadido de conflictos por la posesión o propiedad de la tierra, en contra de los derechos legítimos de las comunidades.

5. Que el deterioro de las condiciones de vida de la población se agrava por la aplicación de políticas gubernamentales que benefician a una minoría y por el retroceso autoritario en materia de derechos civiles y políticos, que niega la vigencia de los derechos humanos en El Salvador.

POR TODO LO ANTERIOR, NOS COMPROMETEMOS:

A. A juntar esfuerzos  en defensa de nuestro derecho y el de nuestras hijas e hijos, a una vida digna.

B. A construir una estrategia conjunta y sostenida, para enfrentar la sistemática violación a nuestros derechos humanos.

C. A  estudiar la Constitución como herramienta fundamental de nuestras luchas por la vida digna; a exigir su cumplimiento y a hacerla valer.

D. A asumir con esperanza y energía, la posibilidad real de hacer valer nuestros derechos, como niñas, niños, mujeres y hombres, que somos la mayoría de nuestro pueblo.

E. A contribuir a construir una sociedad justa: Respetuosa de la vida, democrática, libre de exclusión, marginación y explotación, sustentable y en armonía con la naturaleza.

CONCIENTES DE NUESTRA RESPONSABILIDAD, CONSTITUIMOS EL

MOVIMIENTO NACIONAL POR EL DERECHO A  LA PROPIEDAD DE LA TIERRA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, CAMPESINAS Y URBANAS.

En Santa Marta, Victoria, Cabañas, a los seis días de octubre de dos mil siete.