COMUNICADO:

El jueves 27 de Octubre, el Congreso aprobó, en primera votación, el Proyecto de Ley No. 25/2006-PE que puede tener graves consecuencias para la Democracia, el Desarrollo y los Derechos Humanos en el país. Con este proyecto el gobierno intervendrá en las actividades de entidades privadas que trabajamos en la cooperación al desarrollo en el país.

¿Cuales serán las consecuencias si este proyecto se aprueba en segunda votación?

1.El Perú puede dejar de recibir anualmente alrededor de 250 millones de dólares de cooperación internacional, que se gestionan y canalizan a través de las ONG. Los más afectados serán los sectores de la población más vulnerables y excluídos: familias de bajos ingresos, pequeños productores agrarios, comunidades indígenas, pequeños y micro empresarios, municipalidades rurales, entre otros.

2.Instituciones de carácter privado serán controladas por el Gobierno con una norma ambigua e imprecisa que le permite determinar con quien se debe contratar, qué proyectos realizar, en qué sectores invertir, entre otros aspectos.

3.Esta iniciativa legal podrá ser utilizada como una forma de acallar y/o perseguir a personas y asociaciones civiles que cuestionen las políticas del gobierno de turno.

4.Se crea un peligroso precedente mediante el cual el Gobierno podría extender este criterio a otras entidades privadas.

Las ONG no nos oponemos a la transparencia y a la fiscalización. Siempre hemos sido supervisadas por la SUNAT, el Ministerio de Trabajo, ESSALUD, la Superintendecia de AFP. Además, respondemos a los exigentes mecanismos de control de las propias fuentes cooperantes por los que recursos que ellas nos otorgan mediante contratos privados.

A lo que nos oponemos es a darle al Gobierno la potestad de controlar y manejar las decisiones de una asociación civil sin fines de lucro. En ese sentido, invocamos a los congresistas a que reflexionen profundamente sobre el daño que le pueden hacer al país, y en la segunda votación le pongan freno a esta propuesta inconstitucional.